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Las entidades de gestión de derechos de autor están aprovechando el último tramo de la legislatura para exigir al Gobierno que tenga en cuenta sus pretensiones.

Y es que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y sus socios han solicitado al Ejecutivo que introduzca modificaciones en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) para que las operadoras tengan que suprimir los contenidos de Internet siempre que se lo soliciten formalmente (ante notario) y sin que sea necesaria la intervención de un juez. Para ello, sólo habría que efectuar un pequeño gran cambio en los artículos 16 y 17 de esta ley, en los que se habla de la responsabilidad sobre los contenidos de los operadores y empresas de alojamiento de sitios web. En dichos artículos se especifica que, para que dichas compañías sean responsabilizadas, tienen que tener un "conocimiento efectivo" de que la información almacenada es ilícita, y que dicho conocimiento se obtendrá cuando un "órgano competente" así se lo indique.

La pretensión de las gestoras de derechos sería poder ser considerados como "órgano competente" y, por tanto, que las operadoras deban obedecer sus dictados.

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