Javier Candeira Zugaza, periodista tecnológico, ensayista y editor de Barrapunto

La tierra de los mil Linux

El autor realiza en esta columna una reflexión sobre la difusión de los sistemas operativos abiertos y libres por parte de las instituciones autonómicas españolas. Por un lado, se congratula de la diversidad de versiones de Linux, por lo que pueden aportar las unas a las otras en cuanto a mejoras incorporables, uno de los fundamentos del software libre. Por el otro, critica que detrás de esta diversidad a veces se esconda una intención política diferenciadora poco provechosa para la comunidad. Javier Candeira es editor del prestigioso blog de comunicación Barrapunto, trabaja como periodista para numerosos medios escritos y ha sido presentador de televisión. Es también traductor, ensayista y un renombrado activista en favor del software libre.

Cuando en 2001 el gobierno de Extremadura, con su presidente Ibarra a la cabeza, anunció su sistema operativo GNU/Linex (variante del GNU/Linux adaptada), fue como si hubiese dado el pistoletazo de salida en una carrera por ser paladines del software libre. Las demás administraciones comenzaron a lanzar las suyas, algunas mejor pensadas y preparadas que otras.

"Para las administraciones autonómicas, tener su propia distribución de Linux se ha convertido en una obligación tan acuciante como tener su propio sitio web"

Para las administraciones autonómicas, tener su propia distribución de Linux se ha convertido en una obligación tan acuciante como tener su propio sitio web o una dirección de correo electrónico que no sea de hotmail. Estos esfuerzos pueden suponer (temen algunos) un desvio de recursos escasos que podrían enfocarse a mejores fines, siempre que lo que interese a los gobernantes sea ayudar a sus ciudadanos mediante el fomento del uso del software libre, y no solamente colgarse la medalla.

¿De verdad son necesarias, por poner sólo un ejemplo, dos distribuciones distintas, una para Castilla-La Mancha (MoLinux) y otra para Madrid (Max)? La verdad es que, necesarias, necesarias, no lo son, pero tampoco hace tanto daño su existencia, ni se trata de un gasto tan excesivo. Por poner un ejemplo, la próxima versión para escritorio de Max saldrá (antes de la duplicación y promoción) por apenas 24.000 euros, lo que no es un gran dispendio. El problema está quizá en lo escaso del esfuerzo.

Lejos de echar la casa por la ventana (o de cambiar las windows por el /home), las comunidades autónomas están usando el software libre tan solo para mejorar su imagen pública, a la manera de los intelectuales de pacotilla que se paseaban con el Ulises de James Joyce bajo el brazo, pero sin haberlo leído. Por un lado, el hecho de que el software libre se considere un blasón de prestigio es bueno, puesto que lo promociona ante el gran público, pero la situación también causa cierto grado de frustración.

"¿De verdad son necesarias, por poner sólo un ejemplo, dos distribuciones distintas, una para Castilla-La Mancha (MoLinux) y otra para Madrid (Max)?"

¿Dónde están, en Madrid o en La Mancha, esas distribuciones? No en los centros escolares, ni instaladas en uso contidiano en los escritorios de los funcionarios públicos. En estas dos comunidades el uso del software libre en los entornos institucionales apenas pasa de arranques en falso, voluntarismos personales o decisiones puntuales, sin que tampoco exista una política clara y encauzada de fomento del uso por parte del público.

En todas partes cuecen prácticamente las mismas habas. La Generalitat, por ejemplo, ha apoyado la distribución Catix y ha premiado a la asociación sin ánimo de lucro Soft Catalá (que traduce el software libre al catalán y ha realizado un diccionario de terminología informática) con los premios Nacional de Internet 2004 y Nacional de Cultura 2005. Sin embargo, estos parabienes oficiales tampoco se traducen en avances significativos en escuelas ni en instituciones.

La existencia de distintas distribuciones regionales ofrece incluso algunas ventajas, como el hecho de la 'coopetición' (término que hibrida competencia/cooperación) que se hace posible en una ecología de diversidad tecnológica. De nuevo, el ejemplo de Extremadura con GNU/Linex no sólo es pionero, sino ejemplar. La última versión de Linex contiene distintos escritorios para los alumnos de distintas edades, desarrollo propio del que ahora pueden disfrutar otras Comunidades (es software libre, así que nada les impide copiarlo) tras ver si el experimento funciona o no. Las notas que lo acompañan señalan con satisfacción los componentes que han tomado prestados de los andaluces de Guadalinex.

"La existencia de distintas distribuciones regionales ofrece incluso algunas ventajas, como el hecho de la 'coopetición' (término que hibrida competencia/cooperación)"

La variedad de distribuciones genera también empleo al nivel local: mientras unos adaptan 'ubuntus', otros hacen su propio sistema, o se basan en otros proyectos de software libre, sea éste comercial y comunitario. Esto supone un caldo de cultivo para pequeñas empresas que se dedican al software libre. Detrás de cada voz que pide una unificación de todas las distribuciones conviene buscar a alguien con intereses en que sea su empresa quien se ocupe de esta unificación.

Y también conviene recordar que casi todas las distribuciones de Linux en España están basadas en el proyecto Debian (sólo la Linkat de la Generalitat Catalana está basada en OpenSuSE), con lo que son compatibles entre sí desde el punto de vista del aprendizaje del usuario: cambiar de una distribución a otra es como cambiar de un coche a otro: los pedales y las palancas están en los mismos sitios, más allá de pequeñas diferencias entre las marcas y los modelos..

Hacer una distribución de Linux no es tan difícil, y está al alcance de cualquiera con un mínimo interés y conocimientos. Es necesario aprovechar esta facilidad para que haya ya no una distribución por Comunidad Autónoma, sino una por instituto, y confeccionada por los propios alumnos, que para algo se creó el Bachillerato Tecnológico.

Pero hacer la distribución es la parte sencilla. Por cada una de ellas hay, además, que generar una infraestructura técnica de soporte, tanto de actualizaciones como de mantenimiento; una infraestructura social de concienciación, educación y uso; y mostrar la voluntad política de adopción por parte del mayor usuario de informática del país: las mismas Administraciones que las encargan.

"Es necesario aprovechar esta facilidad para que haya ya no una distribución por Comunidad Autónoma, sino una por instituto, y confeccionada por los propios alumnos, que para algo se creó el Bachillerato Tecnológico"

Sería conveniente que los gobernantes se dieran cuenta de que Software Libre no sólo es software gratis (libre de pago de licencias), sino libre de cargas de permiso para estudiarlo y modificarlo, y por tanto más adecuado para los ciclos profesionales en informática. Y que el software libre significa formatos abiertos, y por tanto libertad para que los ciudadanos administrados puedan recibir los servicios de las instituciones con el software que ellos mismos elijan, y no el que obliga el gobernante. Que dejaran de predicar, y se dedicaran al trigo.

Que cada Comunidad Autónoma tenga su propio sistema operativo basado en Linux no es un problema. El problema es que sus gobernantes se crean que con publicarlo y olvidarse de él ya han hecho bastante.

Vía: Consumer.es

Fecha de publicación: 27 de julio de 2006

¿Crees que está en vigor los contenidos expuestos por Javier Candeira?, bueno mi opinión es que sí.