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La Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a sus homólogos mediterráneos, ha logrado salvar la producción de biomasa en España 'in extremis' al evitar la limitación de la extracción de residuos de los montes. Después de más de un año de incertidumbre y varios meses de intensas negociaciones, la nueva Directiva de Renovables (RED III) de la Unión Europea ha endurecido aún más los criterios de sostenibilidad para el sector de la biomasa.

El texto final acordado hace más extensivos los criterios a una mayor cantidad de centrales, específicamente a todas aquellas cuya capacidad supere los 7,5 MWt, limita la retribución a la generación eléctrica a partir de biomasa forestal si no es en casos excepcionales (como en zonas de transición justa, con tecnologías de captura y almacenamiento de carbono asociadas o en regiones ultraperiféricas como las islas) y regula aspectos como el uso en cascada de la biomasa.

Sin embargo, la Comisión Europea no ha incluido dentro de la Directiva la definición de biomasa forestal primaria que, en el caso de España, habría supuesto un gran problema al limitar la extracción de la biomasa de los montes para uso energético. Esta biomasa, sin una adecuada gestión forestal, movilización y extracción de los bosques, agravaría los casos de incendio.

La Plataforma Española de la Biomasa (Bioplat) se congratula por este acuerdo, pero lamenta que se hayan establecido nuevas limitaciones que deben aplicarse de manera retroactiva, como aumentar al 80% el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero en las centrales, tanto para las existentes como para las nuevas.

En el proceso de actualización de la Directiva, el modelo de negocio de la biomasa en los países del norte de Europa, donde grandes centrales de carbón de cientos y miles de MW se reconvirtieron a centrales de biomasa tras las restricciones políticas al uso del carbón, ha condicionado en gran medida la posición del Parlamento Europeo. Éste optaba por limitar drásticamente el consumo de biomasa forestal en la RED III mediante el establecimiento de una definición de ‘biomasa leñosa primaria’ que prácticamente englobaba toda la biomasa forestal, excepto la generada por las industrias forestales. Todo ello con el objetivo de establecer que no se pudiera valorizar energéticamente, ni retribuir o beneficiarse de medidas de apoyo esta denominada ‘biomasa leñosa primaria’.

Para España, el establecimiento de esta definición en la nueva Directiva de Renovables habría impactado de forma muy negativa, no solo en el sector de la biomasa, sino en los montes y en el sector forestal. Esta situación fue analizada en el Manifiesto Científico promovido por Bioplat y firmado por más de un centenar de científicos y académicos españoles, y que se remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a finales de 2022.